En un aplastante revés para el ministro Quiroz y los consorcios privados, el tribunal desestimó el recurso del Ejecutivo. La ley mantendrá la reposición gratuita de suministros para las familias afectadas por emergencias.
La tramitación de la Megarreforma en el TC propinó un histórico revés al Gobierno y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El pleno del Tribunal Constitucional desestimó por un aplastante fallo de 9 votos contra 1 el requerimiento del Ejecutivo que pretendía declarar inconstitucional la norma que obliga a las empresas concesionarias a reponer de forma gratuita los servicios de agua, luz y gas en zonas declaradas de catástrofe.
La ofensiva de La Moneda buscaba blindar los intereses de los grandes monopolios del sector, representados por la Asociación de Empresas Eléctricas, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN). Y tenían el objetivo de evitar la reposición obligatoria en un plazo de 48 horas a damnificados que mantuvieran deudas previas.
Duro revés para la Megarreforma en el TC y las empresas
La determinación del organismo constitucional fue celebrada por parlamentarios y organizaciones ciudadanas, quienes calificaron la arremetida gubernamental como un "papelón y una vergüenza". El fallo garantiza que las familias golpeadas por emergencias climáticas o incendios no queden privadas de suministros vitales mientras intentan reconstruir sus hogares.
Defensa ciudadana frente al lobby corporativo
Para la oposición y los defensores de los derechos sociales, el intento de La Moneda de judicializar esta protección ciudadana desnudó la subordinación del oficialismo ante el gran empresariado, intentando suprimir beneficios populares mediante resquicios legales.
En regiones como O'Higgins y las provincias del centro-sur, recurrentemente azotadas por emergencias climáticas e incendios forestales, la decisión del TC representa un triunfo indispensable para las comunidades rurales y los sectores más vulnerables.
Desde la mirada editorial de Panga Noticias, el acceso al agua potable y la energía eléctrica constituye un derecho humano inalienable. Ningún gobierno puede anteponer las ganancias de los consorcios privados por sobre la subsistencia y dignidad de las familias damnificadas.
