La representante del Presidente en la Provincia de Quillota, Pilar Cuevas, enfrenta serias acusaciones formales por parte de su propio equipo de confianza. Los gremios exigen respuestas inmediatas al Ministerio del Interior y advierten que no tolerarán la violencia laboral.
Según un reporte publicado por El Mercurio de Valparaíso, la actual Delegada Presidencial Provincial de Quillota, Pilar Cuevas, enfrenta al menos tres denuncias formales por malos tratos, hostigamiento y descalificaciones verbales hacia los funcionarios.
Lo verdaderamente insólito y revelador de este caso es que las acusaciones no provienen de la oposición ni de funcionarios de administraciones pasadas, sino de su propio equipo directo, trabajadores que se incorporaron durante el actual mandato de José Antonio Kast.
La Ley Karin se hace sentir
El clima organizacional en la DPP de Quillota es insostenible. Claudia Catalán, presidenta de la Asociación de Funcionarios local, advirtió que no estamos frente a "simples diferencias de criterio o dificultades propias de la gestión". Según la dirigenta, se trata de una dinámica de violencia laboral reiterada que afecta gravemente el bienestar psicológico y laboral de las personas. De hecho, la situación ya escaló a la justicia con dos denuncias formales presentadas bajo la Ley Karin, normativa que sanciona el acoso laboral, y una tercera que viene en camino.
Desde la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior (Fenaminsa), el presidente Esteban Tumba fue categórico. Calificó el escenario como "grave", subrayando que es sumamente inusual que el círculo de confianza de una autoridad se atreva a denunciar rompiendo "las lealtades políticas".
"No es tolerable que una autoridad que representa al Presidente de la República tenga, recién comenzando el gobierno, dos presentaciones por Ley Karin (...). Le vamos a cobrar la palabra al ministro (Claudio Alvarado) respecto a este tema", sentenció el dirigente nacional.
Paradójicamente, José Antonio Kast prometió "restaurar el orden" y el respeto institucional. El Ministerio del Interior debe actuar con rapidez y transparencia. Si el Gobierno quiere dar señales reales de probidad, Pilar Cuevas debe ser apartada de su cargo mientras dure la investigación.
