El proyecto de «Ley de Reconstrucción Nacional» impulsado por el Gobierno logró sortear el Senado. Mientras el Ejecutivo defiende la reactivación económica, diversos sectores cuestionan la rebaja de impuestos a grandes empresas y la flexibilización de permisos ambientales.
Hoy martes 21 de julio es un día clave para entender el futuro económico y regulatorio de nuestro país. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha logrado avanzar un paso fundamental en el Congreso tras la reciente aprobación en particular, por parte del Senado, de su emblemática Ley de Reconstrucción Nacional.
Conocida en el debate público y por sus críticos como la «Mega Reforma», esta iniciativa es un proyecto de ley integral que abarca múltiples frentes. Por un lado, el Gobierno argumenta que busca reactivar el sector de la construcción mediante exenciones de IVA a viviendas nuevas y fomentar el empleo con subsidios a los sueldos. Sin embargo, la letra chica del proyecto es la que ha encendido las alarmas en materia de equidad social y protección de nuestros territorios.
El debate de fondo: medio ambiente y recaudación
Existen dos puntos de esta reforma que concentran la preocupación ciudadana. Primero, el proyecto propone una importante rebaja del Impuesto de Primera Categoría (que pagan las empresas) del 27% al 23%. Sectores progresistas y organizaciones de trabajadores advierten que esta medida, lejos de ayudar a la estrechez fiscal del país, termina beneficiando a los grandes capitales en desmedro de la inversión en derechos sociales.
En segundo lugar, la reforma incluye una severa flexibilización de los permisos y regulaciones ambientales. Diferentes organizaciones han denunciado que esto podría permitir, por ejemplo, la expansión sin contrapeso de la industria salmonera, arriesgando los ecosistemas en favor del crecimiento económico rápido. Quienes vivimos en regiones sabemos bien que el desarrollo no puede ser a costa del sacrificio de nuestra tierra y nuestra agua.
El rol del Tribunal Constitucional y la sociedad civil
Ante el inminente despacho del proyecto, sectores de la oposición parlamentaria están evaluando llevar los puntos más polémicos de la reforma al Tribunal Constitucional (TC) para frenar su implementación. No obstante, las organizaciones estudiantiles y movimientos sociales han sido críticos de esta estrategia, señalando que la verdadera fuerza para proteger los derechos ciudadanos no debe recaer solo en las cúpulas institucionales, sino en la organización y visibilización constante de las demandas populares.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta ley y a cómo sus medidas impactarán directamente en el bolsillo y el entorno de las familias trabajadoras de la Región de O’Higgins y de todo Chile.
