El presidente José Antonio Kast promulgo la Ley de Escuelas Seguras, normativa que endurece las medidas de seguridad en los establecimientos educacionales. Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos acusan una grave vulneración a la privacidad de los jóvenes.
Durante esta mañana, en una ceremonia oficial, el Mandatario destacó que esta normativa busca erradicar la violencia, el ingreso de armas y el microtráfico en los establecimientos educacionales del país.
Estudiantes bajo sospecha
El punto más álgido y resistido de esta nueva legislación es la facultad que se le otorga a las direcciones de los colegios para implementar la revisión aleatoria o sistemática de las mochilas y pertenencias de los alumnos.
Para el Ejecutivo, esta medida es un "triunfo del sentido común" y una herramienta necesaria para proteger a la comunidad escolar. Sin embargo, la normativa enfrentó un duro rechazo durante su tramitación. Defensores de la niñez, expertos en educación y centros de estudiantes han advertido que revisar las pertenencias de los menores de edad constituye una vulneración a su derecho a la privacidad y presunción de inocencia, transformando los espacios educativos en recintos de vigilancia policial.
La violencia escolar es un síntoma del abandono del Estado, no una causa. Si el Gobierno realmente quiere "escuelas protegidas", debería comenzar por inyectar recursos dignos a la educación pública, en lugar de criminalizar a una juventud que solo exige su derecho a estudiar en paz y con dignidad.
