A partir de un análisis elaborado por investigadores de la USACH y de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) exigen justicia por el fallecimiento de Oshin Santos Santos, quien perdió la vida tras escapar de una presunta agresión sexual luego de subir a un vehículo por una falsa oferta de empleo en el campo.
La falta de fiscalización de las condiciones laborales en el sector agrícola del país encendió el debate, tras la trágica muerte de la temporera boliviana Oshin Santos Santos ocurrida el pasado 24 de octubre en Melipilla. En una columna de análisis firmada por el investigador del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, Nicolás Arraño, la antropóloga de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Camila Dinamarca, el antropólogo José Tomás Huerta y el sociólogo Fabián Frey, advirtieron cómo la informalidad en el traslado de las personas trabajadoras expone diariamente sus vidas, según publicó El Ciudadano.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, el sujeto investigado por el crimen habría engañado a la trabajadora con una supuesta oferta laboral para hacerla subir a su automóvil, desde donde la joven intentó escapar ante una presunta agresión sexual, sufriendo las graves lesiones que le provocaron la muerte. En los valles frutícolas el paso cotidiano de furgones de contratistas e intermediarios recogiendo cuadrillas en la vía pública normaliza que quienes necesitan un ingreso urgente aborden vehículos sin contar con registros ni garantías mínimas sobre quién ofrece el empleo.
Contratistas informales y la precariedad en el sector agroexportador
El documento subraya que el éxito de las exportaciones de fruta chilena descansa desde hace años sobre cadenas de subcontratación e intermediación laboral donde escasea el control estatal y la responsabilidad directa de las grandes empresas exportadoras. Al describir cómo esta rutina de reclutamiento callejero deja en total indefensión a las trabajadoras de temporada, los investigadores detallaron en su análisis:
“Como el paso de furgones de contratistas e intermediarios recogiendo trabajadores para trasladarlos a las faenas forma parte de la rutina cotidiana, el riesgo de subirse a un vehículo desconocido ante una oferta de empleo resulta habitual, aun cuando se disponga de escasos antecedentes sobre el trabajo o quien lo ofrece”.
En la misma línea, los profesionales de la USACH y ANAMURI recalcaron que el esclarecimiento penal del caso en Melipilla debe ir acompañado de medidas inmediatas que obliguen a los empleadores agrícolas y a los organismos públicos a responder por la seguridad de la mano de obra campesina y migrante:
“Entre las trayectorias laborales de miles de bolivianos y bolivianas que llevan años nutriendo de fuerza de trabajo al sector agroexportador y la muerte de Oshin existe una historia de desprotección por la que autoridades y empresas deben rendir cuentas, porque la continuidad del problema de fondo vuelve inaceptable que su atención siga dependiendo de una nueva tragedia”.
Alerta en las rutas de San Fernando y Colchagua ad portas de la cosecha
Esta denuncia cobra especial relevancia en la Región de O'Higgins que comparte el mismo circuito frutícola con el sur de la Región Metropolitana y que por estas semanas inicia el proceso de las contrataciones para el raleo, la cosecha de cerezas y el trabajo en packings. En las carreteras interiores y paraderos rurales de nuestra zona, el traslado en furgones de contratistas y la presencia de trabajadoras temporeras chilenas y migrantes forman parte del paisaje diario, haciendo indispensable reforzar la fiscalización de la Dirección del Trabajo, Carabineros y el Ministerio de Transportes antes de lamentar nuevas víctimas.
Para Panga Noticias, ninguna cifra de exportación frutícola puede justificarse si se sostiene sobre la desprotección de quienes se levantan de madrugada para cosechar la tierra. La muerte de Oshin Santos nos duele e interpela directamente como región agrícola.
