Una investigación periodística derivada del caso Hermosilla destapó desembolsos a cinco exdiputados y a un exministro del Tribunal Ambiental que opinaba como experto en medios sin transparentar su vínculo con la minera. Comunidades exigen que el Comité de Ministros frene cualquier intento por revivir la iniciativa.
Una serie de revelaciones sobre millonarios pagos en el proyecto Dominga a operadores judiciales, dirigentes políticos y lobbistas encendió las alarmas sobre la legitimidad de las gestiones para mantener en pie la cuestionada iniciativa minero-portuaria. Un reportaje publicado por Mongabay y Reportea, en el marco de las indagatorias del denominado caso Hermosilla, dejó al descubierto una red de desembolsos financiados por la empresa titular Andes Iron con el fin de influir en decisiones judiciales y nombramientos en tribunales superiores.
Dentro de la nómina de asesores pagados por la compañía figuran al menos cinco exparlamentarios: Aldo Cornejo, Patricio Walker, Osvaldo Andrade, Gabriel Silber y Eduardo Lagos. A ellos se suma el exministro del Tribunal Ambiental de Santiago, Alejandro Ruiz, quien ha aparecido en diversos medios de comunicación opinando sobre la viabilidad del proyecto en calidad de experto independiente, sin transparentar ante la audiencia que recibe remuneraciones directas de Andes Iron.
Presiones en el Comité de Ministros y los pagos en el proyecto Dominga
Estos antecedentes salen a la luz justo cuando el Comité de Ministros resolvió reanudar la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas por agrupaciones favorables a la minera, abriendo un plazo de diez días, que vence el próximo 30 de octubre, para recibir observaciones antes de decidir si revierte el rechazo ambiental vigente. Ante esta maniobra, los abogados de las comunidades del Archipiélago de Humboldt exigirán que el Gobierno se abstenga de votar mientras existan causas pendientes en los tribunales e ingresarán nuevos informes científicos este 23 y 30 de octubre:
“Cualquier intento de avanzar hacia una nueva votación sin considerar estos antecedentes ni respetar el principio de abstención frente a causas judiciales en curso, constituiría una grave señal para la institucionalidad ambiental del país”.
Defensa de los ecosistemas costeros desde Humboldt hasta O'Higgins
Para los habitantes y organizaciones ambientales, estas revelaciones confirman cómo el poder económico intenta torcer las decisiones técnicas que protegen zonas de valor ecológico incalculable. Esta alerta frente al lobby extractivista conecta directamente con las demandas de pescadores artesanales, recolectores de orilla y comunidades costeras de la provincia de Cardenal Caro, en comunas como Pichilemu, Navidad, Paredones y de toda la Región de O'Higgins, quienes exigen que la institucionalidad ambiental actúe sin presiones empresariales a la hora de resguardar el borde costero. Al respecto, el dirigente histórico de la pesca artesanal en el Archipiélago de Humboldt, Gabriel Molina, condenó los antecedentes destapados:
“Lo que está pasando con Dominga es gravísimo. Las revelaciones sobre millonarios pagos a operadores judiciales, políticos y lobbistas vinculados al proyecto deben investigarse hasta las últimas consecuencias y, de confirmarse, demuestran lo que siempre hemos visto: que se ha intentado mantener vivo este proyecto mediante una red de influencias, pese a los graves impactos que tendría sobre uno de los ecosistemas marinos más valiosos de Chile”.
Para Panga Noticias, la existencia de pagos a exparlamentarios, operadores judiciales y exjueces que se disfrazan de analistas neutrales en la prensa demuestra hasta dónde llega la captura del poder por parte del dinero. El Gobierno y el Comité de Ministros no pueden prestarse para revivir entre cuatro paredes un megaproyecto rechazado por la ciencia y manchado por las redes del caso Hermosilla.
