La Subsecretaría de Telecomunicaciones dio un plazo de 48 horas a las empresas proveedoras de internet para inhabilitar plataformas no autorizadas. La medida busca frenar la ludopatía y el endeudamiento juvenil.
El bloqueo de apuestas online en Chile sumó un nuevo paso determinante este lunes. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) notificó formalmente a las empresas proveedoras de internet (ISP) para que ejecuten la inhabilitación inmediata de 37 nuevos sitios web de casinos virtuales y pronósticos deportivos que operaban sin autorización legal en el país.
El instructivo del organismo fiscalizador otorgó un plazo perentorio de 48 horas a las compañías de telecomunicaciones para hacer efectivo el corte del tráfico digital hacia estas direcciones, debiendo posteriormente acreditar su cumplimiento ante los tribunales de justicia.
Los alcances del bloqueo de apuestas online de la Subtel
Esta nueva nómina se suma a las 42 plataformas clausuradas digitalmente a inicios de mes, consolidando la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales de alzada que han ratificado que en Chile el juego de azar es ilegal a menos que cuente con una ley expresa que lo autorice.
Las firmas afectadas corresponden a empresas transnacionales domiciliadas en paraísos fiscales que operaban al margen del Servicio de Impuestos Internos, desplegando agresivas campañas publicitarias en medios digitales y eventos deportivos sin ningún tipo de control estatal.
Protección a las familias frente a la ludopatía digital
Más allá de la arista tributaria y legal, la ofensiva contra los casinos virtuales responde a una creciente alarma de salud pública. Especialistas advierten que la proliferación de aplicaciones de ruletas, cartas y apuestas deportivas en teléfonos inteligentes ha disparado la ludopatía, facilitando que escolares y jóvenes caigan en conductas adictivas y endeudamiento temprano sin filtros efectivos de verificación de edad.
Para Panga Noticias, frenar el avance del juego ilegal representa una medida de protección indispensable para el presupuesto y la tranquilidad de los hogares. Regular el espacio digital y sancionar a las corporaciones que lucran con la vulnerabilidad ciudadana es un deber ético que el Estado debe profundizar sin vacilaciones.
