El gobierno estadounidense fijó un impuesto del 12,5% a los envíos nacionales bajo la excusa de prácticas laborales. Mientras el Ejecutivo rechaza la medida, en O'Higgins crece la incertidumbre por el impacto directo en el empleo agrícola y productor.
El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, decidió mantener y aplicar el arancel de castigo más alto contra Chile, fijando una agresiva sobretasa del 12,5% a nuestras exportaciones. La administración norteamericana acusa un supuesto "fracaso" a nivel global de sus socios comerciales para prohibir las importaciones de bienes producidos con "mano de obra forzosa".
Sin embargo, hay que leer la letra chica. La propia resolución estadounidense aclara que no acusa a Chile de exportar bienes bajo estas condiciones de explotación, sino que simplemente cuestiona nuestro marco regulatorio y los mecanismos para impedir que esos productos ingresen a la cadena.
Un golpe unilateral y la respuesta del Gobierno
Esta decisión se enmarca en la renovada política proteccionista impulsada por Trump. Frente a este castigo, desde el Gobierno de Chile emitieron un comunicado oficial rechazando de plano la decisión estadounidense. El Ejecutivo argumentó que la sanción "no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados" durante toda la investigación.
Pese a los reclamos oficiales y al conocido acercamiento de la actual administración chilena con Washington, la diplomacia fracasó en su intento de convencer a las autoridades del norte y proteger nuestra economía frente a estas medidas unilaterales. Queda en evidencia que, en el nuevo orden comercial, la afinidad política pesa menos que el proteccionismo de las grandes potencias.
¿Qué significa esto para la Región de O'Higgins?
O'Higgins es el corazón exportador agrícola y frutícola de Chile. Los gremios privados ya han levantado la voz de alerta frente a este escenario. Diferentes voceros del sector han advertido que este nuevo impuesto "afecta la competitividad de nuestras exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores". Si enviar nuestros productos a Estados Unidos se vuelve repentinamente un 12,5% más caro, el riesgo inmediato es que las cadenas exportadoras busquen recortar costos por el eslabón más débil, precarizando el empleo o reduciendo las contrataciones temporeras en nuestros campos, viñas y plantas de embalaje.
Estaremos monitoreando de cerca las gestiones que continúe realizando la Cancillería para revertir o mitigar esta decisión. La soberanía económica y el derecho al trabajo digno de nuestras familias campesinas deben ser la prioridad absoluta frente a cualquier exigencia comercial extranjera.
