Tras la formalización de 38 imputados por desvío de cannabis y lavado de dinero, agrupaciones de salud defienden el autocultivo ético y advierten que las mafias comerciales dañan la lucha por el acceso digno a terapias.
La Operación Ámsterdam encendió el debate en el movimiento cannábico y las redes de salud comunitaria tras la formalización de 38 personas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La investigación de la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 desbarató una estructura que utilizó la fachada de dispensarios para comercializar sustancias fuera de la norma sanitaria, acumulando más de $8.000 millones en ganancias ilícitas.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por Emol y T13, la entidad Dispensario Nacional operaba cultivos clandestinos y franquicias comerciales sin trazabilidad médica real. Entre los formalizados figuran Andrés Astorga como presunto cabecilla, Gino Athens y el exrostro televisivo Camilo Huerta, imputado por administrar un recinto en Chicureo y recibir pagos superiores a $50 millones.
El activismo frente a la Operación Ámsterdam y el autocultivo
Frente a estos hechos, organizaciones de pacientes oncológicos, con dolor crónico y cuidadores recalcaron la urgencia de no estigmatizar el uso terapéutico legítimo. Como destacó El Mostrador, la propia indagatoria judicial precisó que la persecución apunta al lavado de activos y al narcotráfico corporativo, no al derecho al autocultivo ni al uso personal exclusivo y próximo en el tiempo amparado por la ley.
Defensores de la fitoterapia advierten que el lucro desmedido de falsos dispensarios perjudica décadas de movilización social. Cuando redes de elite distorsionan una causa de salud pública para amasar fortunas clandestinas, precarizan la seguridad jurídica de miles de familias que cultivan éticamente para aliviar a sus seres queridos.
Defensa del derecho a la salud en regiones
En la Región de O'Higgins y comunas como San Fernando, agrupaciones locales exigen una regulación estatal transparente que garantice el acceso seguro a fitofármacos y termine con los vacíos legales que aprovechan los grupos económicos.
La justicia debe sancionar con máxima severidad a quienes mercantilizan la salud, resguardando siempre la dignidad y los derechos humanos de los usuarios medicinales.
