El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reconoció que desde el 11 de marzo la cartera ha firmado un decreto exento cada tres días en promedio para disminuir penas en 27 casos de abuso sexual y 29 de violación contra niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de la Niñez exigió explicaciones y desde el Congreso anunciaron una interpelación.
Una fuerte controversia política y judicial desató la confirmación de la rebaja de condenas a abusadores sexuales y violadores de menores de edad otorgada por el Ejecutivo desde el pasado 11 de marzo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ratificó este miércoles que la cartera ha concedido 56 disminuciones de pena, correspondientes a 27 sentencias por abuso sexual y 29 por violación contra niños, niñas y adolescentes, rechazando apenas una solicitud en este período.
De acuerdo con los antecedentes revelados inicialmente por Interferencia, el Ministerio firmó en promedio un decreto exento de este tipo cada tres días bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República", tras la calificación de Gendarmería, las Seremis de Justicia y la División de Reinserción Social. Ninguno de los 56 beneficios respondió a órdenes de tribunales por recursos de amparo, sino que fueron acogidos directamente por vía administrativa a pesar de que en 2022 se modificó la Ley N° 19.856 (mediante la Ley N° 21.421) para excluir expresamente de estas rebajas a quienes cometan delitos sexuales contra menores.
Ministro Rabat defiende la rebaja de condenas a abusadores sexuales
Cuestionado en el Congreso por facilitar la reducción de penas sin esperar fallos judiciales y por no transparentar previamente estos decretos, el titular de Justicia argumentó que en la cartera existe un debate sobre la retroactividad de la ley de 2022 y aseguró haberse guiado por fallos anteriores del máximo tribunal. Al respecto, el ministro Fernando Rabat sostuvo:
“Lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo. Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos. ¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución”.
Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, tomó distancia de la controversia asegurando no tener antecedentes sobre las decisiones adoptadas por la cartera de Estado. Mientras tanto, desde el Congreso transversalmente surgieron cuestionamientos, incluyendo reparos desde Evópoli por beneficiar delitos gravísimos, hasta la bancada de diputados del Partido Comunista que inició la recolección de firmas para interpelar al ministro Rabat, acusando que el Gobierno traspasó un límite inaceptable contra la dignidad de la infancia.
Alerta en la Defensoría de la Niñez y preocupación en las familias de O'Higgins
La noticia generó un inmediato rechazo en la Defensoría de la Niñez, organismo que exigió al Ministerio de Justicia entregar el detalle técnico y jurídico que llevó a cambiar el criterio habitual que negaba estos beneficios. Asimismo, dado que el procedimiento administrativo involucra la revisión de requisitos en las Seremis regionales y recintos de Gendarmería a lo largo del país, la medida despierta profunda inquietud en comunidades y agrupaciones de protección de la infancia de San Fernando, Colchagua y la Región de O'Higgins, donde las familias conocen de cerca lo extenso y doloroso que resulta lograr una condena efectiva en tribunales por agresiones contra menores. Sobre la gravedad de reducir el tiempo de cárcel en estos crímenes, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que:
“Estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación. La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado”.
Para Panga Noticias, el resguardo de la niñez y el respeto al dolor de las víctimas de violencia sexual jamás pueden quedar en trámites administrativos que acortan condenas sin control judicial. Cuando una familia en nuestras comunas atraviesa años de proceso penal para conseguir justicia, el deber mínimo del Estado es hacer cumplir las penas de manera íntegra y no abrir puertas administrativas hacia la impunidad.
