El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Cristian Zaro Ponce por contaminación ambiental grave y tala ilegal de bosque nativo en San José de la Mariquina. Pese a que la Fiscalía pedía ocho años de prisión efectiva por el daño irreversible al ecosistema, cumplirá la condena en libertad.
Una condena sin cárcel efectiva recibió el empresario que destruyó humedal en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, con el propósito de lotear y vender parcelas. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia sentenció a Cristian Esteban Zaro Ponce a penas que suman cinco años de presidio, reemplazadas por libertad vigilada intensiva, además del pago de una multa de 30.000 UTM, equivalente a más de $2.100 millones de pesos, como autor de los delitos de contaminación ambiental con resultado grave y tala no autorizada de especies nativas, según informó El Ciudadano.
Los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y febrero de 2024 en el sector de Yeco, a orillas del río Lingue, área considerada sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. De acuerdo con el fallo unánime del tribunal, el propietario ordenó talar bosque nativo de conservación en pendientes superiores al 45% y a menos de 200 metros de vertientes de agua, para luego remover el cerro con excavadoras y arrojar toneladas de tierra directamente sobre el humedal, sepultando su flora y fauna.
Tala ilegal y el juicio contra el empresario que destruyó humedal
La sentencia constituye el primer juicio oral del país por contaminación ambiental grave bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales. Aunque el Ministerio Público había solicitado ocho años de cárcel efectiva, los magistrados dictaron cuatro años por el daño ecológico y 365 días por la tala ilegal, sustituyendo ambos castigos por cinco años de libertad vigilada bajo supervisión de Gendarmería y la obligación de asistir a charlas ambientales. Sobre la magnitud de la devastación acreditada junto a la PDI, CONAF y la Dirección General de Aguas, el fiscal medioambiental de Los Ríos, Carlos Bahamondes, detalló:
“Compró una propiedad y lo que hizo fue rajar completamente el bosque existente en un cerro aledaño, violando toda la normativa de la Ley de Bosques. Además de ello, y que fue lo más grave en este caso, decidió abrir caminos, aplanar el cerro y todo el material sobrante lo depositó sobre un humedal aledaño, sepultándolo completamente y, como se logró demostrar en el juicio, destruyéndolo de manera irreversible”.
Precedente frente a los loteos indiscriminados desde el sur hasta O'Higgins
En su resolución, los jueces Pablo Álvarez y María Soledad Santana dejaron constancia de la pérdida total de las funciones naturales del recinto, tales como la provisión de agua y la protección del suelo. El fallo advierte textualmente que la intervención con maquinaria pesada provocó:
“Efectos severos, irreparables y/o difícilmente reparables sobre los componentes o elementos ambientales, en especial la vegetación hidrófita y la fauna existente en el humedal, lo que se tradujo en una afectación grave e irreversible de dicho ecosistema”.
Este precedente judicial resuena con fuerza en la Región de O'Higgins, tanto en el secano y borde costero de Cardenal Caro, en comunas como Pichilemu, Cáhuil, Navidad y Paredones, como en las zonas precordilleranas de Colchagua, donde el avance desregulado de proyectos inmobiliarios y loteos de parcelas amenaza constantemente a humedales costeros, quebradas con bosque esclerófilo y cursos de agua comunitarios.
Para Panga Noticias, aunque la multa multimillonaria marca un primer paso bajo la nueva legislación ambiental, resulta indignante que quien sepulta y mata de forma irreversible un humedal para hacer negocios inmobiliarios termine sin pisar la cárcel. Defender el agua, los humedales y el bosque nativo frente a la codicia de las parcelaciones sin control exige sanciones penales efectivas que impidan que destruir la naturaleza siga teniendo un precio pagable en Chile.
